CONFLICTIVIDAD POR DESACATO: CASO NICARAGUA-COLOMBIA EN LA HAYA

03.12.2013 18:04

Imagen activaPor vía legal, Nicaragua recuperó en 2012 un extenso territorio en el mar Caribe, pero el hecho conserva valor noticioso ante la negativa de Colombia a cumplir el veredicto del tribunal de Naciones Unidas, sustentan expertos.

El gobierno del presidente Daniel Ortega introdujo el martes último una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones colombianas al espacio marítimo restituido hace un año.

Dicha sentencia reconoció a Nicaragua la potestad sobre más de 90 mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y plataforma continental en el mar Caribe, incluidas las aguas que rodean los cayos de Serrana y Quitasueño.

En tanto, adjudicó a Colombia la soberanía sobre los cayos Albuquerque, Sudeste, Roncador, Bajonuevo, Serranilla, Serrana y Quitasueño, enclavados en el área sometida a litigio.

Pero la administración del presidente Juan Manuel Santos descalificó la decisión de la CIJ por supuestos errores al trazar la línea fronteriza.

El 27 de noviembre de 2012, Santos denunció ante la Organización de Estados Americanos el Pacto de Bogotá; es decir, el instrumento jurídico por el cual Colombia reconocía la jurisdicción de la CIJ.

El nuevo reclamo de Managua ocurrió un día antes de que se venciera el plazo para dar como hecho firme la salida de Colombia del Pacto, y respondió a declaraciones de altos funcionarios colombianos, incluidos el presidente, la canciller María Ángela Holguín y jefes militares de aquel estado suramericano.

Ante el hecho, Colombia llamó a consultas a su embajadora en Managua, Luz Stella Jara, lo que suele interpretarse en términos diplomáticos como un gesto de protesta.

En debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez, recordó ayer que el litigio ante la CIJ partió de la imposibilidad de acuerdos en conversaciones bilaterales y tras el fallo del árbitro internacional ambas naciones tienen que respetar la decisión.

Para el diputado Wilfredo Navarro, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el mandatario Santos utiliza el diferendo como bandera para su reelección y "una vez que bajen los niveles de la competencia electoral, Colombia entrará por el sendero del derecho y estará aceptando el fallo", estimó.

De acuerdo con el diputado del PLC, tampoco debe pasarse por alto que Nicaragua tiene facultad soberana para solicitar la cooperación de otros gobiernos a fin de combatir el narcotráfico internacional en las aguas recuperadas, pues nadie desconoce el incremento de las operaciones del crimen organizado.

En opinión del experto en Derecho Internacional Mauricio Herdocia, el diferendo saca a la luz más de dos siglos de disputa, desde la emisión por la metrópoli española de una Real Orden en 1803, la que Colombia pretendió transformar en un título de soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia (adjudicadas finalmente a ese país suramericano).

Dicho documento nunca implicó segregación de territorios, sino una simple comisión de vigilancia militar; sin embargo, fue el documento invocado por Colombia para reivindicar supuestos derechos en la Costa Atlántica nicaragüense e islas adyacentes, evaluó la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo.

Aquel texto es una docena de líneas en las que el monarca español estableció que las islas de San Andrés y la parte de la costa de Mosquitos, desde el cabo Gracias a Dios inclusive hacia el río Chagres, quedaban segregadas de la Capitanía General de Guatemala y dependientes del Virreynato de Santa Fe" (Bogotá), recordaron los parlamentarios.

El fallo de la CIJ del 19 de noviembre de 2012, significó "la más importante reivindicación alcanzada por Nicaragua desde su Independencia" hasta la fecha, evaluó Herdocia.

Luego de varias actuaciones para descalificar el documento de la Corte, finalmente Colombia afirmó que resulta imposible aplicar el veredicto en tanto no se establezca un tratado bilateral; esa tesis contradice las normas más elementales del Derecho Internacional, enjuició el jurista.

No obstante, el gobierno del presidente Ortega "nunca se ha opuesto a un acuerdo de aplicación de sentencia, siempre y cuando se respete fiel y rigurosamente lo resuelto por la Corte", aclaró.

El reclamo expuesto por esta nación centroamericana el 26 de noviembre mantiene abiertas las puertas de la jurisdicción de la CIJ para el caso en análisis y es un "acto de apego al principio de solución pacífica de controversias" y "no es un acto inamistoso", resumió.

acl/mjm