EL ELEVADO COSTO DE LA CORRUPCIÓN EN EUROPA

09.02.2014 20:06

El combate a la corrupción es hoy un reto para la Unión Europea (UE), donde ese delito causa pérdidas por 120 mil millones de euros anuales, algo así como el uno por ciento del Producto Interno Bruto global.

Tal es la conclusión del primer reporte sobre el tema elaborado esta semana por la Comisión Europea, el cual pone de manifiesto también los deficientes controles existentes en el bloque.

Aunque la incidencia del mal y las medidas para combatirlo varían de un país a otro, la investigación demuestra que todos están afectados por este problema.

"No hay zonas libres de corrupción en Europa", reconoció la comisionada del Interior, Cecilia Malmstrom.

La funcionaria denunció que el dinero perdido por sobornos, pagos excesivos, financiamiento político ilegal y otras prácticas fraudulentas es equivalente al presupuesto operativo anual de la UE.

Para elaborar el informe la Comisión consultó a diversos organismos y también realizó una encuesta en todos los países miembros.

Setenta y seis por ciento de los entrevistados opinaron que el flagelo está muy extendido y 56 de cada 100 observaron un aumento durante los tres últimos años.

"La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho, daña la economía y priva a los Estados de ingresos fiscales muy necesarios", admitió Malmstrom.

La investigación explica en cada uno de los países miembros cuáles son las medidas adoptadas y dónde están las deficiencias, a la vez que hace recomendaciones de cómo superar la situación.

En el caso concreto de Francia, por ejemplo, el documento señala que el país aprobó recientemente normas dirigidas a los políticos y funcionarios, pero no han sido tratados los riesgos en el sector de la contratación pública y en las transacciones comerciales internacionales.

Este país se vio inmerso el año pasado en un escándalo al descubrirse que el entonces ministro de Presupuesto, Jerome Cahuzac, poseía una cuenta secreta en Suiza por 600 mil euros, la cual traspasó luego a Singapur.

A raíz del problema, el presidente François Hollande promovió una ley de transparencia aprobada por el Parlamento que obliga a los miembros del gobierno, funcionarios electos y dirigentes de grandes empresas a hacer una declaración de su patrimonio.

En virtud de esta legislación, unas ocho mil personas deben informar sobre sus bienes, desde los miembros del gabinete y los parlamentarios, hasta los alcaldes, presidentes de departamentos y de regiones y responsables de corporaciones.

La Comisión Europea recomendó a Francia realizar una evaluación global para detectar los problemas a nivel local y adoptar medidas de lucha contra la corrupción en las licitaciones públicas.

También propuso reforzar las leyes, dar seguimiento al tema del financiamiento de los partidos políticos y aumentar la independencia de los fiscales.

Aunque el informe no señala a ningún país en particular, la encuesta precisa que en Grecia, Italia, España y la República Checa sus ciudadanos tienen una percepción más elevada del incremento de la corrupción, todo lo contrario a lo ocurrido en países nórdicos.

El estudio establece que los riesgos de sobornos y otros delitos son por lo general mayores a nivel regional y local, donde los controles y auditorías suelen ser menos estrictos respecto al nivel central.

Entre los sectores más vulnerables menciona la contratación pública, la construcción y la salud.

Las causas de la extensión del problema en la UE son varias, pero los investigadores advierten en particular sobre las ineficaces políticas de prevención, los conflictos de intereses, los pobres mecanismos de control y las trabas para levantar la inmunidad a políticos vinculados a casos de corrupción.

tgj/car