RECLAMAN EN ESPAÑA INVESTIGAR CRÍMENES DEL FRANQUISMO

30.03.2014 21:18

Una demanda para modificar la definición de franquismo y una audiencia de extradición de un torturador reabrieron en España la polémica sobre crímenes cometidos durante la dictadura de 1936 a 1975, que permanecen sin investigar.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica anunció que pedirá modificar la descripción del término franquismo en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) para puntualizar el carácter fascista de ese movimiento.

El colectivo realizó una campaña así en 2009 y recogió distintas definiciones sin respuesta de la RAE, pero volverá a intentarlo la próxima semana, explicó Emilio Silva, presidente de la asociación.

La enunciación actual dice que franquismo es "Movimiento político y social de tendencia totalitaria, iniciado en España durante la Guerra Civil de 1936-1939, en torno al general Franco, y desarrollado durante los años que ocupó la jefatura del Estado".

A Franco le encantaría la definición; era un asesino de masas y en esa Academia se sientan muchos profesionales que no han hecho nada por democratizar su diccionario, expresó Silva al anunciar la iniciativa.

Según una investigación del exjuez Baltazar Garzón la cifra de víctimas desde el golpe de Estado de 1936 a la muerte del dictador en 1975, fue de 150 mil personas.

Los estimados indican que en 1975 había 93 mil muertos enterrados en lugares sin identificar, unos 88 mil continúan sin saberse donde, más de 500 mil españoles debieron exiliarse y más de 30 mil niños fueron robados, además de decenas de miles de torturados.

Sin embargo, en 1977 fue aprobada en España una ley de amnistía para los actos de intencionalidad política, utilizada como argumento para no juzgar los crímenes cometidos por el franquismo.

Expertos como el investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez consideran la amnistía papel mojado ante el deber de investigar y perseguir penalmente delitos contra la humanidad.

En su opinión, en España hay una completa impunidad de los crímenes del franquismo por la ausencia de investigación, enjuiciamiento y reparaciones.

Este criterio será puesto a prueba los próximo 3 y 10 de abril, en las audiencias para la extradición del exinspector Juan Antonio González,"Billy el Niño" y el guardia civil Jesús Muñecas, reclamados por la Justicia argentina por torturas durante la dictadura.

La jueza argentina María Servini dictó órdenes de búsqueda y captura contra ambos, acusados de torturar a 13 personas entre 1971 y 1975, ante lo cual la justicia española les retiró el pasaporte para impedirles salir del país.

Los querellantes consideraron un intento de bloquear la solicitud el criterio de la Fiscalía sobre la preferencia de la jurisdicción del estado donde se cometieron los hechos para evitar la duplicidad de procesos.

Según este enfoque, de acuerdo con el Código Penal español de 1973, los hechos estarían prescritos, por haber pasado más de 10 años.

Víctimas del franquismo consideran contradictorio que España, con respaldo de la Fiscalía, condenara a Adolfo Scilingo, un torturador argentino, por crímenes cometidos en ese país, y no tenga la misma postura con españoles de residencia conocida en España.

Coincidentemente, Baltasar Garzón, quien siendo juez de la Audiencia Nacional se declaró competente para analizar acusaciones de este tipo, defiende que esos crímenes son contra la humanidad y no pueden tener carácter político de ningún tipo.

En el juicio al que fue sometido, acusado de violar la ley de amnistía por aceptar esos casos, el entonces juez argumentó que los crímenes eran consecuencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación y desaparición de miles de personas.

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